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La Ley 26\/2015, de 28 de julio, de modificaci\u00f3n del sistema de protecci\u00f3n a la infancia y a la adolescencia, introduce innovaciones en el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, constituido por la Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de 15 de enero, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor, de modificaci\u00f3n parcial del C\u00f3digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n
Dicha modificaci\u00f3n conlleva una serie de obligaciones formales y sustanciales de gran trascendencia de obligado cumplimiento para todas las entidades y organismos, y su personal, que en el ejercicio de su actividad mantengan contacto habitual con menores.<\/p>\n
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En este sentido, y en cumplimiento de la competencia de la Consejer\u00eda competente en materia de Deporte, de coordinaci\u00f3n de las actuaciones deportivas de las Administraciones P\u00fablicas y las de \u00e9stas con las que realicen las entidades privadas en Andaluc\u00eda, as\u00ed como en base a los principios de cooperaci\u00f3n, colaboraci\u00f3n y servicio a los ciudadanos, especialmente con las federaciones deportivas andaluzas, esta Direcci\u00f3n General de Actividades y Promoci\u00f3n del Deporte considera conveniente trasladarle la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n
La citada Ley 26\/2015, ha a\u00f1adido un nuevo apartado 5 al art\u00edculo 13 de la citada Ley Org\u00e1nica 1\/1996, del siguiente tenor literal: \u201c5. Ser\u00e1 requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por alg\u00fan delito contra la libertad e indemnidad sexual, prostituci\u00f3n y explotaci\u00f3n sexual y corrupci\u00f3n de menores, as\u00ed como por la trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deber\u00e1 acreditar esta circunstancia mediante la aportaci\u00f3n de una certificaci\u00f3n negativa del Registro Central de delincuentes sexuales\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n <\/em><\/strong>A la vista del precepto resulta necesaria una aproximaci\u00f3n y delimitaci\u00f3n del concepto de \u201cprofesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con menores\u201d. A estos efectos y a simple t\u00edtulo de referencia, podemos informar que en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda, de acuerdo con la Directiva 2011\/92\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotaci\u00f3n sexual de los menores y la pornograf\u00eda infantil, traspuesta al derecho espa\u00f1ol a trav\u00e9s del art\u00edculo 13.5 de la Ley Org\u00e1nica 1\/1996, tras la modificaci\u00f3n efectuada por la Ley 26\/2015, de 28 de julio, ha de entenderse por profesiones o actividades que impliquen contacto habitual con menores aquellas que supongan contactos directos y regulares con los mismos. Se exige, por tanto, una vinculaci\u00f3n m\u00e1s estrecha que la mera atenci\u00f3n al p\u00fablico, incluyendo al p\u00fablico menor de edad, al requerirse que el contacto sea regular y directo, y no meramente circunstancial. No obstante, en aras del superior inter\u00e9s de protecci\u00f3n al menor, deber\u00e1 hacerse una interpretaci\u00f3n extensiva del concepto de contacto habitual con menores.<\/p>\n En este sentido, y mientras se de respuesta a las cuestiones m\u00e1s inmediatas que plantea la implementaci\u00f3n de la nueva exigencia legal, asumiendo la trascendencia de la materia, su fuerte impacto y la necesidad de aplicarse a \u00e1mbitos y circunstancias muy diversas, generar\u00e1 dificultades de distinta naturaleza, que habr\u00e1n de ir abord\u00e1ndose y resolvi\u00e9ndose progresivamente a medida que vayan surgiendo, teniendo en cuenta tambi\u00e9n lo dispuesto en el Real Decreto 1110\/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales y las adaptaciones reglamentarias que se prev\u00e9n en la Disposici\u00f3n adicional segunda del mismo.<\/p>\n En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se ha dictado por parte de la Secretar\u00eda General para la Administraci\u00f3n P\u00fablica, de la Consejer\u00eda de Hacienda y Administraci\u00f3n P\u00fablica, la Instrucci\u00f3n 1\/2016, de 5 de febrero, sobre aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 13.5 de la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor, en la que se dispone, entre otras cuestiones, que en las subvenciones o ayudas que tramiten por la Administraci\u00f3n P\u00fablica andaluza, destinadas en todo o en parte al desempe\u00f1o de funciones que impliquen contacto habitual con menores, se exigir\u00e1 a la persona o entidad solicitante de la subvenci\u00f3n o ayuda, la aportaci\u00f3n de declaraci\u00f3n responsable de que todo el personal al que corresponde la realizaci\u00f3n de esas tareas cuenta con el certificado negativo exigido en el art\u00edculo 13.5 citado de la LOPJM. Adem\u00e1s impone que dicha exigencia habr\u00e1 de preverse en las correspondientes \u00d3rdenes de convocatoria de las subvenciones y ayudas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Ley 26\/2015, de 28 de julio, de modificaci\u00f3n del sistema de protecci\u00f3n a la infancia y a la adolescencia, introduce innovaciones en el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, constituido por la Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de 15 de enero, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor, de modificaci\u00f3n parcial del C\u00f3digo […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10615,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-10616","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-general"],"acf":[],"yoast_head":"\n